Las y los integrantes de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia le dieron el visto bueno a la iniciativa de la gobernadora para eliminar del Código Penal el delito de ultrajes y fortalecer con ello el derecho a la libertad de expresión, homologando la norma con estándares internacionales.
La presidenta de la comisión, Emma Laura Álvarez Villavicencio, dijo que el Grupo Parlamentario del PAN promueven la libertad en todas sus modalidades y tienen la certeza que es necesaria una participación activa de la ciudadanía que pueda exigir a las autoridades y señalar los errores, excesos y actos de corrupción, de manera responsable, sin castigo. “Apoyamos la propuesta porque favorece a la ciudadanía”.
Luis Miguel Carriedo Téllez, coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, explicó a quienes integran la comisión que el objetivo de esta propuesta es armonizar el marco jurídico con los estándares de derechos humanos y porque no es compatible con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La ley señala actualmente que toda expresión directa o indirecta, así como acción contra instituciones públicas, autoridades o servidores públicos que ofendan o hagan alguna expresión de desprecio son castigados penalmente, pero desde 1995 la CIDH señaló que eso es penalizar la libertad de expresión y en 2022, en Veracruz ya fue considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Indicó que nadie está en la cárcel por este tipo penal y que en la entidad no hay autoridades enfocadas a perseguir y castigar esta falta; sin embargo, no es algo que se pueda dejar a la voluntad de la población, porque legalmente el tipo penal está activo y se puede invocar.
Aclaró que las policías o autoridades no quedan desprotegidas, en caso de agresiones o retenciones, porque se pueden aplicar otro tipo de figuras penales, pero nada que tenga que ver con la libertad de opinar.
La diputada del GPPRI, Mercedes Colín Guadarrama, dijo que están a favor de garantizar la vigencia del estado de derecho y el régimen de libertades y mantener este delito vigente no es compatible con el marco jurídico, porque la libertad no puede ser restringida sin causas justificadas y específicas, hacerlo es desproporcionado afecta derechos básicos.
Jennifer González López, de Morena, consideró viable y necesario proteger los derechos humanos, pero pidió ver mecanismos para proteger los edificios públicos de posibles daños, por las expresiones de inconformidades.
Ruth Salinas, de Movimiento Ciudadano, enfatizó que desde la Legislatura anterior presentaron una iniciativa para derogar este ilícito y en octubre pasado se volvió a impulsar, por lo cual pidió se sume al análisis, pues va en los mismos términos y consideró que si no existen personas presas por esta falta es porque hay presiones, intimidación, amenazas y “mordidas” por lo cual los casos no llegan al Ministerio Público, pero sí permiten hacer mal uso de estos 2 artículos.
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