El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso mexiquense, Elías Rescala Jiménez, aseguró que el proceso electoral federal no afectará el ritmo del trabajo legislativo, pues seguirá sesionando una vez por semana y trabajando en comisiones durante toda la semana o cuantas veces sea necesario.
“El trabajo no se detiene, hasta que culminemos el periodo, no tiene afectaciones de ningún tipo, seguiremos trabajando dentro de la cámara”.
Enfatizó que al final pedirán licencia quienes deban hacerlo, quienes no y el resto de servidores públicos del Poder Legislativo no podrán desviar recursos públicos, ya sea económicos, humanos o materiales a los procesos electorales, porque eso es sancionado por la ley.
El coordinador parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González, informó que los cuatro diputados locales que se fueron de campaña serán sustituidos por sus suplentes, quienes se encargarán de asumir los trabajos que se agenden durante el periodo, en comisiones y en el pleno, como ocurrió con los dos diputados que dejaron el cargo para sumarse al gabinete estatal.
Por esa razón consideró que no hay razones por las cuales pueda reducir el trabajo legislativo, ni aún cuando se vaya la mayoría de diputados, con las campañas locales que empezarán el 26 de abril, porque en todos los casos se llamará a suplentes y para ese entonces sólo faltarán dos semanas y media del periodo ordinario de sesiones.
“La legislatura no tiene ninguna acción que se pueda ubicar como programa social que tenga que entrar dentro del marco de la veda electoral. Nuestro trabajo legislativo no se ve impactado, en absoluto” acotó.
Recordó que, como legisladores, igual al resto de personas servidoras públicas, están impedidos para hacer una labor proselitista a favor de algún partido o candidatura, en el contexto de su tarea legislativa.
“Si alguien sube a tribuna y hace alusión al proceso electoral, se estaría violentando la ley electoral y se hace acreedor a las sanciones correspondientes” por eso, se suspenderá el trabajo de gestión social que hacen los y las legisladoras, para que no pueda ser mal interpretado o vulnerar alguna regla del proceso electoral.
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