Por años, las 5 personas que forman parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción han tenido salarios superiores a los consejeros nacionales e incluso a los gobernadores en turno y a la actual mandataria estatal, pues tenían asignado un pago mensual de 175 mil 122 para quien ocupara la presidencia y 153 mil 645 pesos para el resto.
Después de una larga discusión del Comité Coordinador, se acordó que este año tengan una reducción de 40% para quedar en 105 mil 73 pesos para la presidencia y 92 mil 187 pesos para cada uno de los otros 4 integrantes, aunque se discutieron peticiones para reducir el monto hasta en 60% y quienes sólo querían 15 puntos porcentuales menos.
Con estos nuevos montos a partir de este mes de febrero tendrán un pago por debajo de los 148 mil 190 pesos que percibe actualmente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de manera mensual, pero siguen muy por arriba de lo pagado a los consejeros ciudadanos de otras entidades como una de las más pobladas: Veracruz, donde el monto mensual es de 14 mil pesos.
La semana pasada, en sesión del Comité Coordinador, integrado por la presidenta del CPC, las y los titulares del OSFEM, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Consejo de la Judicatura del TSJEM, el Instituto de Transparencia y el Tribunal de Justicia Administrativa, se dio a conocer que este año mantenían el pago que por años han percibido.
Sin embargo, fueron cuestionados porque el monto era superior a lo que percibe la gobernadora. El argumento del CPC fue que son un órgano autónomo y el monto es similar al de otras instancias, pero la titular del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez, les contestó que es muy diferente auditar a todos los entes de la entidad y trabajar diario a sesionar una vez al mes.
Otro de los argumentos fue que pagan oficinas, teléfono y otros insumos, a lo cual les dijeron que sus sesiones son a distancia, generalmente desde sus casas y que no ameritan tener una oficina específica para una sesión mensual.
También argumentaron que con el salario que reciben contratan personal a su servicio. En este caso les indicaron que la selección fue individual, de una persona ciudadana que represente al resto, no una titularidad de una dependencia que conformara un aparato burocrático a su servicio.
Tras discutir el tema, por mayoría de votos se acordó una reducción salarial de 40 por ciento. La titular del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez, informó que ella propuso bajar el monto a la mitad por considerar que todo el CPD estaba sobre pagado.
Reconoció que al no ser servidores públicos no tienen prestaciones, ni partidas especiales para gastos, porque la participación es de carácter ciudadano, para luchar contra la corrupción, prestar un servicio, no para tener un empleo altamente remunerado.
Incluso consideró que el espíritu del CPC no se ha cumplido, toda vez que han llegado ex funcionarios de otros órganos que al quedarse sin empleo buscan refugio en un Comité que debiera ser ciudadano y honorífico. Al no ser reconocido como un ente del gobierno no tiene obligaciones de transparencia, más que rendición de cuentas al Comité Coordinador.
A la fecha, dijo la auditora, no hay un reporte de eficiencia, no se tiene claro qué hacen, lo cual no es imputable a la persona sino a que se trata de “un híbrido” en el cual sesionan una vez al mes y en ocasiones por sólo 15 minutos.
Actualmente el CPC está conformado por: Carla Isabel Colín Maya, Claudia Margarita Hernández Flores, Zulema Martínez Sánchez, Óscar Bazán Alatorre y como presidenta María Guadalupe Olivo Torres.
El primer comité empezó a funcionar en octubre del 2017. Desde entonces, cinco personas han ocupado la presidencia y han pasado por el Comité 6 personas. Leonor Quiroz Carrillo renunció antes de asumir la presidencia porque no veía avances en el combate a la corrupción.
Para este año tienen previsto sesionar de manera oficial en 24 ocasiones, dos por cada mes, aunque pueden agendar sesiones adicionales no programadas cuando se estime necesario.
Desde octubre de 2023 pueden sesionar en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, en Metepec, cuando lo requieran.
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