Los municipios del Estado de México podrían estar obligados a elaborar sus atlas de riesgos durante los primeros 90 días de cada administración y actualizarlos anualmente, a más tardar en marzo, de aprobarse una iniciativa presentada por el diputado de Morena, Valentín Martínez Castillo, ante el Congreso mexiquense.
La propuesta busca establecer plazos obligatorios para que los ayuntamientos cuenten con información actualizada sobre las zonas vulnerables de sus territorios y puedan prevenir desastres, así como orientar sus decisiones en materia de desarrollo urbano y obra pública.
La iniciativa fue presentada en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde se planteó reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Protección Civil.
De acuerdo con la propuesta, los atlas municipales deberán elaborarse e integrarse al Sistema Nacional de Protección Civil dentro de los primeros 90 días naturales de cada periodo de gobierno. Además, deberán actualizarse cada año, a más tardar en marzo.
Para los municipios que no cuenten con este instrumento cuando entre en vigor el eventual decreto, se establece un plazo máximo de 90 días naturales para elaborarlo y presentarlo ante la autoridad estatal de Protección Civil.
En la exposición de motivos, Martínez Castillo señaló que actualmente la legislación no establece plazos claros para la elaboración y actualización de los atlas de riesgos, lo que ha provocado que algunos municipios carezcan de ellos y otros trabajen con información que ya no corresponde a las condiciones actuales de sus territorios.
Como ejemplo, mencionó las afectaciones provocadas por las lluvias extraordinarias registradas durante este año en distintas regiones del país, así como el caso de Ecatepec, donde una tormenta ocasionó inundaciones en colonias, corrientes de agua que arrastraron vehículos, desbordamientos de canales y la suspensión del transporte.
Según los datos expuestos durante la presentación de la iniciativa, en ese municipio se reportaron al menos dos personas fallecidas y alrededor de 50 mil habitantes afectados.
“Un atlas finalmente no elimina por sí solo esos peligros, pero sí permite reconocerlos, planear con información y definir acciones de mitigación y respuesta”, expuso durante la reunión.
La propuesta también plantea fortalecer la coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal, con el propósito de proporcionar a los ayuntamientos herramientas y asesoría para cumplir con esta obligación.
La iniciativa contempla modificar la fracción quinta del artículo 115 constitucional para establecer expresamente la elaboración de los atlas municipales de riesgos como una responsabilidad de los ayuntamientos.
