La activista Carmen Sánchez Flores pidió reformar la legislación mexiquense para que las víctimas de violencia ácida tengan apoyo integral del Estado, donde se considere presupuesto para sus operaciones y atención sicológica para tratar de reparar el daño, porque actualmente es complicado conseguir recursos y eso detiene la atención médica que debe ser continua para lograr buenos resultados.
“La parte médica tiene que atenderse de manera pronta y continua, de forma gratuita, pero sin presupuesto no hay como darles atención. Ha costado mucho poder acceder a este fondo, es lento y tiene un tope y entramos a una cirugía al año por el fondo, pero necesitamos más, si paramos retrocedemos” indicó.
En el Congreso mexiquense, para el arranque del análisis de las iniciativas de ley sobre la materia, la activista indicó que 25 estados del país ya tipificaron el delito de manera autónoma y se consideran apoyos en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero faltan 7 entidades, entre ellas el Estado de México.
Esto, es indispensable, porque la entidad es la que tiene el mayor número de casos de sobrevivientes. Tan sólo en la fundación hay 10 casos, de los cuales sólo 3 han tenido sentencia, pero en un caso fue por 7 años porque se juzgó como tentativa de homicidio.
Insistió que sin recursos el apoyo del Estado se vuelve insostenible, por lo cual es necesario fijar un presupuesto específico y se creen mecanismos de acceso más expeditos, porque sus problemas de salud no pueden esperar.
Tan sólo en su caso lleva a cabo 68 cirugías reconstructivas en 12 años, tratamientos dermatológicos y todavía le faltan más atenciones. Como resultado de una atención tardía, recientemente tuvo una explosión en el ojo, que no debió presentarse si hubiera tenido una acción previa.
La comisión de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de dos iniciativas de ley para castigar con mayor rigor la violencia ácida. Una de las propuestas es de la diputada Zaira Zedillo Silva, que busca reformar la Ley de Acceso a una Vida Libre de violencia para terminar con la impunidad y castigarla como la expresión más fuerte y cruel del machismo, por lo cual llevarán a cabo un foro el próximo miércoles 22 de abril.
Actualmente, la ley no reconoce como una violencia autónoma, se ve como simple delito de lesiones, sin ver todo el daño que provoca y no hay reparación de daño, por lo cual pide se incorporen medidas de protección, se garantice acciones inmediatas, rehabilitación física y psicológica y se tipifique el delito con penas de 8 a 20 años, dependiendo del daño causado, y si hay agravantes aumente.
La diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez plantea que la violencia química no sea sólo una conducta agravada, sino autónoma, porque es una acción brutal, basada en su género femenino, con sufrimiento físico y psicológico, donde el Estado debe prevenir y sancionar, por lo que piden castigos de 20 a 35 años de prisión a quien lesione manos, cara, cuello, y órganos sexuales, comprometa funciones vitales, cuando ocurra entre parientes o pareja sentimental, haya deformidad o destrucción total o parcial, se cometa contra grupos vulnerables, casos en los cuales no procede el perdón del ofendido.
Pero en los casos donde causen la muerte o el suicidio la pena privativa de la libertad sería de hasta 65 años de prisión.
La activista Carmen Sánchez, pidió que al análisis se sume la iniciativa que presentó su fundación en noviembre pasado, donde pide que se considere como violencia extrema, sea un delito específico, obligar al Estado a prevenir y atender, se toque la Ley de Víctimas para garantizarles una atención integral y especializada, medidas de protección y no repetición.
Pidió que no se dejen de lado las propuestas desde la Fundación y desde las sobrevivientes de una entidad con más casos de todo el país.
La petición fue respaldada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón y aprovechar el foro del miércoles para hacer los ajustes correspondientes, así como dejar el precedente de que el Congreso escucha a las y los ciudadanos, con un tema tan importante como son los ataques con sustancias corrosivas.
