En comisiones, las y los legisladores locales avalaron las iniciativas de ley de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de la diputada Sofia Martínez Molina, para eliminar del Código Penal mexiquense el término “prisión vitalicia” como castigo para quienes cometen algún delito.
La pena máxima se queda en 70 años y con ello se atiende el llamado de atención que le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que la sanción es inconstitucional, excesiva y contraria a derecho.
En la siguiente sesión en el pleno será votado el dictamen y luego remitido al Poder Ejecutivo para que lo publique en la Gaceta de Gobierno y pueda entrar en vigor, con lo cual se cierra la posibilidad de que impugnen quienes estaban recibiendo condenas con el denominativo “cadena perpetua o prisión vitalicia”, desde 2019 que estuvo vigente.
Actualmente, el Código Penal del Estado de México contempla la prisión vitalicia como castigo para el responsable de homicidio calificado, con penas de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia, así como para quien comete homicidio en contra de un su cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta o hermanos; al responsable del homicidio de dos o más personas en el mismo o en distintos hechos; en casos de feminicidio y extorsión; así como violación cuando participan dos o más personas o en el robo cuando se causa la muerte a la víctima.
La SCJN invalidó sólo la porción del artículo 242 del Código Penal, donde se castiga la prisión vitalicia en los crímenes de odio en la entidad, por considerarlo una pena inusitada y contraria al derecho a la inserción social, previsto en la Constitución Federal.
El diputado Vladímir Hernández Villegas recordó que la iniciativa de la gobernadora ingresó a la Legislatura en marzo de 2025, luego la de la diputada Sofía Martínez. Fueron analizadas en su conjunto y se decidió suprimir el término de prisión vitalicia y ajustar la proporcionalidad de las penas, quedando entre 40 y 70 años de prisión el castigo para los delitos graves.
Quienes integran las comisiones consideraron convenientes las propuestas para no seguir limitando la posibilidad de reinserción o reducción de la pena. Para la Corte, contradice la finalidad del sistema penitenciario y la Constitución, que exigen mecanismos para evaluar el progreso de los sentenciados y su reincorporación a la sociedad, y el principio de proporcionalidad cumple un rol social en la protección de derechos humanos.
Durante la discusión del dictamen, la diputada proponente Sofía Martínez dijo que esta decisión no debilita la respuesta del Estado en delitos graves, sino que responde al respeto a la dignidad humana. En tanto, la diputada Miriam Silva Mata agradeció que se construya una normatividad apegada a los principios de legalidad, constitucionalidad y proporcionalidad, dando atención a los derechos humanos.
Vladímir Hernández agregó que no es solamente una armonización, sino una corrección legislativa que data del 2019, cuando Alfredo del Mazo era gobernador y se dictaron sentencias en este sentido, que luego fueron impugnadas y ganadas.
Octavio Martínez Vargas pidió que además la Fiscalía de Justicia sea más responsable y diligente. Calificó a la prisión vitalicia como un exceso, por lo cual el Congreso debe ser más cuidadoso al emitir sus dictámenes.
