La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el pleno del Congreso del Estado de México permite al próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, contender por una magistratura, al terminar su cargo, en septiembre de 2027, para seguir en el Tribunal Superior de Justicia.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, aclaró que el magistrado, como lo marca la ley, será presidente del Poder Judicial durante 2 años, sin tener garantizada una magistratura al finalizar su periodo.
Apuntó que los artículos transitorios en la propuesta original fueron retirados porque “no hay necesidad de exponer al Estado de México ni de manchar lo que ya democráticamente está” aunado a que todas las leyes son perfectibles.
Esta controversia se suscitó porque la reforma constitucional de enero exige que las y los candidatos a la presidencia del Poder Judicial deben ganar esta elección y una magistratura en su zona. En el caso del presidente electo, Héctor Macedo, fue el más votado, pero no logró ganar en su región, por lo cual sólo estará dos años en la presidencia y saldrá del Poder Judicial.
Quienes quedaron en segundo y tercer lugar, siguiendo el principio de alternancia de género, obtuvieron menos votos que Héctor Macedo, pero sí lograron ganar la magistratura de su zona, por lo cual ocupan el segundo y tercer tramo de la presidencia, respectivamente y una magistratura que les asegura 10 años en este poder.
El diputado Francisco Vázquez reconoció que hay una laguna en la ley, por lo cual inicialmente consideraron que Macedo podría quedarse en alguna magistratura, pero a petición de integrantes de la Legislatura se volvió a discutir el tema y concluyeron en retirarlo del dictamen, y si el magistrado busca conservar un espacio en el PJEM podrá participar en las elecciones del 2027.
Al final este dictamen fue aprobado en el pleno del Congreso, en lo general y en lo particular por mayoría. Separaron varios artículos y fracciones que fueron votados en el pleno.
Ante la demanda de la diputada Ruth Salinas para eliminar la posibilidad de “regalar” una magistratura al presidente, el diputado Octavio Martínez presentó la propuesta y fue avalada, por lo cual la legisladora acusó de “madruguete“, aunque aseguró que a Movimiento Ciudadano no le interesa la maternidad ni la paternidad, sino la responsabilidad y al final logró retirar algo totalmente inconstitucional.
La legisladora se quejó que con la nueva estructura se rompe el principio de austeridad, pues cada una de las tres áreas del PJEM tendrá prácticamente su gabinete y eso implica más gasto.
Durante la sesión el diputado perredista Omar Ortega Álvarez, trató de sacar adelante una moción suspensiva para postergar la discusión en el pleno por considerar que no se le ha otorgado el tiempo suficiente y resulta irresponsable abordar con esa ligereza una reforma de este nivel, pero la propuesta fue desechada.
Eduardo Zarzosa, del grupo parlamentario PRI, consideró que la reforma está viciada de origen y por ello estas dos bancadas y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la reforma en lo general.
Previamente se avaló una modificación propuesta por el diputado Octavio Martínez para especificar que se requieren dos terceras partes de las y los magistrados integrantes del Pleno del TSJ para iniciar leyes o decretos.
También se aprobó la incorporación de las reservas presentadas por el diputado Eduardo Zarzoza Sánchez (PRI), para que las conductas disciplinarias aplicables a personas magistradas y juzgadoras del Poder Judicial incluya la emisión dolosa, negligente o por ignorancia inexcusable de resoluciones contrarias a tratados internacionales en materia de derechos humanos, y no sólo de la Constitución, como lo establecía la iniciativa original.
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