Fiscalía formaliza creación de Unidad de Cercanía Social para agilizar denuncias en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formalizó la creación de la Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia, instancia que tendrá a su cargo la recepción, seguimiento y canalización inmediata de los casos que presenten víctimas u ofendidos ante el Ministerio Público.

El acuerdo fue publicado en la Gaceta de Gobierno bajo el número 04/2025 y establece que esta nueva unidad dependerá directamente del Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez.

El objetivo es reducir tiempos de espera y garantizar que las denuncias se atiendan sin retrasos en los centros de justicia de la entidad.

De acuerdo con el documento, la persona titular de la Unidad también fungirá como responsable del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y contará con facultades para supervisar al personal, garantizar el inicio inmediato de investigaciones, así como vigilar el funcionamiento del sistema de medios alternos de denuncia que incluye el Call Center, la plataforma SIDEVIT y la aplicación móvil de la Fiscalía.

El acuerdo detalla que esta área contará con 221 agentes del Ministerio Público, 132 orientadores y 143 administrativos, aunque el número podrá ajustarse según las necesidades del servicio. Además, el personal deberá actuar con respeto a los derechos humanos y bajo perspectiva de género.

Entre sus atribuciones se encuentra la supervisión de la atención en unidades móviles, áreas de justicia restaurativa y acuerdos reparatorios; la coordinación con fiscalías regionales y especializadas; y la vinculación de las víctimas con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.

También tendrá facultades para diseñar políticas públicas en materia de atención inmediata y justicia restaurativa, así como para solicitar información a otras áreas de la institución o a corporaciones de seguridad.

El acuerdo señala que en ningún caso se podrá negar el servicio a quienes acudan a presentar una denuncia y, de detectarse que algún servidor público se niega a iniciar investigaciones de forma inmediata, se procederá conforme a la ley.

La vigilancia sobre el cumplimiento del acuerdo quedará a cargo del Órgano Interno de Control y la Visitaduría General, los cuales podrán emitir instrucciones o dar vista a la autoridad competente para fincar responsabilidades administrativas o penales en caso de incumplimiento.

La nueva unidad asumirá también los asuntos que hasta ahora llevaba la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa. El acuerdo entró en vigor desde la fecha de su publicación en la Gaceta de Gobierno.

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