La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, descartó la posibilidad de arrendar aeronaves para realizar tareas de seguridad pública en su administración 2025-2027, como se implementaron en años anteriores a costos millonarios y afectaciones al erario público.
Aclaró que la nueva estrategia de seguridad en el municipio más poblado de la entidad contempla medidas integrales de atención a las causas, coordinación con instancias estatales y federales y modernización de los equipos de seguridad, pero sin excesos y bajo principios de austeridad.
“Nosotros hemos establecido una estrategia completamente distinta, no apelamos al tema del arrendamiento de helicópteros. Tenemos una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo con el gobierno del Estado para que podamos trabajar con sus helicópteros en casos de emergencias, hospitalarias o de cualquier índole y es apelamos a una estrategia completamente territorial de presencia de cuadrante por cuadrante”, indicó.
Respecto a la operación de los helicópteros Jaguar 1 y 2, que funcionaron en la administración saliente, dijo que hay opacidades y falta de información para conocer el proceso de arrendamiento, por lo que serán observados ante el órgano de fiscalización estatal.
“Se rentaron dos helicópteros por parte de la administración pasada, se presupone porque no dejaron absolutamente nada de información, prácticamente lo que llegamos a recibir fueron oficinas vacías de documental”, explicó.
“Esto es obvio, que esa documental será exigida por las autoridades que audita y que revisan las cuentas públicas. Nosotros tenemos 90 días, estamos en ese proceso de poder estar señalando todas las observaciones que se que se encontraron”, advirtió.
En 2021, la administración del ex alcalde Fernando Vilchis aprobó la renta de la primera aeronave denominada “Jaguar 1”, tras concretar la venta del helicóptero “Colibrí” que ya formaba parte del patrimonio del municipio, pero presentaba fallas y falta de uso desde 2017.
Para junio de 2022, el ex mandatario presentó la nueva aeronave Jaguar 2, para reforzar el patrullaje en zonas limítrofes con la Ciudad de México y la Sierra de Guadalupe, bajo un mecanismo de arrendamiento, que ahora la administración local acusa de opacidad.
“Es una omisión muy grave en el caso de seguridad pública, por supuesto que no es la excepción, al contrario no tenemos documentales de qué pasó. Cuando llegamos, esos dos helicópteros ya habían terminado los contratos que supuestamente se utilizaban para el tema de la seguridad o de asistencias hospitalarias”, agregó.
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